Por Enrique Castro Vargas
Algunos países en América Latina han presentado tendencias de victimización en descenso. En Chile, la victimización por hogares, se mueve de 27.3% (2016) a 23.3% (2019)[1]; en Mexico, la tasa desciende de 29.3 (2017) a 24.8 (2019)[2], pero no superan al Perú, que exhibe una caída de más de 15 puntos porcentuales en la victimización general, y van de 41.1% (2011) a 24.7% (2019).[3]
– y, ¿la victimización subjetiva?.
– Esta no varía desde el 2012 y solo 2 a 3 peruanxs se sienten segurxs
– ¿Quiénes serán?[4]
Si por un lado la victimización general baja, por otro la violencia aumenta. ¿Expresiones? Los homicidios, que pasan de 5,4 (2011) a 7,6 (2018)[5]; el feminicidio que ha superado el 100%, en los últimos 5 años y la victimzación con arma de fuego tiene un crecimiento estadisticamente significativo[6]. El sistema de justicia se engorda, triplicando la atención por agresion sexual; y, la poblacion penitenciaria crece, principalmente, por robo agravado y por violencia sexual[7].
En noviembre del 2018 – mirando las tendencias precedentes- se aprueba un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC19/23), que se afirmaba en la evidencia, la priorización y la intervención diferenciada pero espera 7 meses para su Decreto Supremo[8] ; y, los lineamientos de implementación llegan recien para la navidad del 2019[9]. Es decir, trece (13) meses después de la aprobación en CONASEC (2018) se publican los lineamientos de cómo implementar el PNSC19/23. Pero la navidad del 2019, en una versión malefica del grupo “goma espuma”, en lugar de caminones de madera trae un juego de obstaculos burocráticos atribuibles a una añeja administración. Lo que no tiene explicación racional es haber intencionado que los 26 GR repitan los mismos objetivos, prioricen esos problemas y no los propios, tratando todos por igual. ¿Que de enfoque diferenciado tiene esto? – ¿Y las autonomías?-. La totalidad de los gobiernos regionales y cientos de gobiernos locales han presupuestado actividades en función de objetivos que, en muchos casos, no son los suyos.
Los lineamientos incorporan una medida contraria al marco en seguridad ciudadana y al proceso descentralista. La necesidad de una ordenanza (regional o local) para aprobar los planes, obliga culminar el proceso técnico en una instancia política, mal entendiendo el gobierno en los consejos regionales y locales. ¿El resultado con ordenanzas?. Solo diecisiete 17 GR aprueban el plan en el 2020 (60%), solo tres lo hacen en el primer semestre y catorce (14 GR) en el segundo semestre. En Ica se aprueba mediante ordenanza del 17 de diciembre[10] y en Ayacucho el 30 de Diciembre del 2020[11]. El daño es inexplicable y jurídicamente un reto que una directiva, aprobada por RM, modifique dos leyes. – toc toc – ¿Aló OCI?
El día de hoy existe una propuesta de nuevos lineamientos – que permite viabilizar la estrategia diferenciada, la priorización y la descentralización de la gestión en seguridad ciudadana- fortaleciendo y no debilitando las autonomías. Es importante el conocimiento, pero imprescindible la calle; y, obviamente, saber de gestión en seguridad ciudadana, no solo en sub niveles de gobierno sino en las diferentes dimensiones. – El pase se ha dado en profundidad y a espalda de la defensa. La pelota esta ahí, dando pequeños e inmejorables botes.
Escenario entendible. Apenas el 40% de los GR cuentan con gerencia de seguridad ciudadana, queda pendiente la especialización para la gestión regional. A nivel presupuestal, únicamente 15 gobiernos regionales asignan .presupuesto a inversiones; y, además de la baja asignación y no siempre completa ejecución de los gobiernos locales y regionales[12], el gobierno central ha transferido, desde el año 2012, más de 280 millones de soles[13], a los gobiernos locales/regionales, principalmente en las jurisdicciones regionales de Ayacucho, La libertad y Lima Metropolitana que suman el 60% y, en comparación con la dinámica país, no en todos los casos existe una correspondencia, entre la inversión y la disminución de la victimización general, a nivel regional.
Y en este laberinto la -constantemente confrontada- Institución policial asume, para el imaginario colectivo alimentado por el populismo penal, una responsabilidad mayor a la que le compete. La seguridad ciudadana es un plexo normativo de derechos (CIDH,2009)[14] y la acción conjunta de diferentes sectores[15] que (deben) garantizan el pleno ejercicio de derechos, en donde erradamente se cree que la PNP es el Titan que todo lo resuelve o que es su obligación y debe hacerlo. Nada más falso. La Policía no resuelve los problemas, atiende los sintomas. Es más bien una policía menos rígida, más flexible y vinculada a la realidad de la comunidad, como lo promueve el actual CONGEM, la que podría articular con la identificación y los caminos para atender la causa de los problemas.
El laberinto continuará …
Lima, 14 de febrero 2021
[1] ENUSC (2019). ENUSC, Chile
[2] INEGI, (2019). INEGI, Mexico
[4] Reincidentes (1994) Dos colegas, en Nunca es Tarde.
[5] INEI, (2020) Contando homicidios uno a uno (2013-2018). Datos c/100 mil habitantes.
[7] Uso de variables diversas. El relato debe considerar que los registros crecen – también- por la priorización en la persecución y la cercania o mejora de respuesta estatal. La multi variable “guerra contra las drogas” potencia la población de internos por delitos no violentos. Importante revisar la Política Nacional Penitenciaria (2030), aprobada el DS. 011-2020-JUS, el 25 de setiembre del 2020.
[8] D.S. Nro. 013-2019-IN, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023.
[9] RM Nro.2056-2019-IN, que aprueba Directivas 009, 010 y 011-2019-IN-DGSC. Lineamientos técnicos sobre Planes de Acción Regional, Provincial y Distrital de Seguridad Ciudadana.
[10] Ordenanza Regional Nro. 011-2020-GORE-ICA
[11] Ordenanza Regional Nro. 017-2020-GRA/CR (video)
[12] Consulta amigable MEF -2021
[13] FONDO ESPECIAL EN SEGURIDAD CIUDADANA (FESC-2020)
[14] CIDH (2009) Informe sobre seguridad ciudadana y Derechos Humanos.
[15] DS 010-2019-IN, Art. 2. Seguridad Ciudadana: Es la acción integrada y articulada que desarrolla el Estado, en sus tres niveles de gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.
