Manicomio puerta 2: Una cosa es con guitarra y otra cosa, con cajón en el sector: La agenda de
seguridad ciudadana en el contexto de la segunda vuelta electoral
Por Enrique Castro Vargas
El Perú es un buen “análisis de caso” para la ciencia política, a pesar de lo tentador que resulta, este manicomio es del entramado laberinto de las relaciones intersectoriales y la locura de llevarlas a cabo. En el actual dilema de segunda vuelta: “Made in Perú”, la puerta dos del manicomio, se escribe sola y nos pone de cara a lo que se debe atender y exigir a lxs dos candidatxs en seguridad ciudadana.
Lo que le gusta a la gente
Se abre la puerta y el Virgilio del manicomio nos advierte de una controversia que suele pasar desapercibida: Por un lado, nos dice mirando al lado, “esta lo que demanda la ciudadanía”, con un criterio y contenido de línea editorial y política punitiva; y, por otro, “lo que proviene del análisis racional de las realidades específicas, identificando qué se requiere” y- no necesariamente- lo que pide la tribuna.
Homicidios: La máxima expresión de la violencia y el manicomio de la información
El homicidio, máxima expresión de la violencia/delito e indicador recurrente para la medición de seguridad ciudadana, no cuenta con una lectura oportuna respecto de su magnitud y menos aún, rigurosa, pues por años (2013 – 2017) la información ha venido de las comisarías y sin contrastar certificados de defunción, siendo recién y mediante un trabajo coordinado entre MP, MININTER, PNP y el INEI, que se avanza en contraste y se publica, en el año 2020 y sin consensos, la tasa de homicidios del 2018: 7.6 cada cien mil habitantes[1].
Hay que reformular la pregunta y transitar del complejo esfuerzo que resulta buscar el real dimensionamiento del homicidio hacia la pesquisa de sus causas, es decir, colocar el foco sobre “la delincuencia común” y “la venganza”, que juntas suma el 60% de la razón de los homicidios en el país[2]. ¿Respecto al dimensionamiento? Lo relevante es saber que se mantiene una tendencia ascendente (2011-2017), la rigurosidad de la frecuencia avanzará cuando exista decisión política sobre las instituciones del CEIC; y, especialmente, sobre el INEI. Pero la tendencia es ascendente y, “es lo que hay”.
A pesar de los diversos pedidos técnicos y sectoriales para adecuarnos a estándares internacionales, aún es un desafío principal y determinante contar – en lo particular- con una estrategia medianamente aceptable para dimensionar homicidio; y, en lo general, un adecuado y oportuno “sistema de información en la gestión de la seguridad ciudadana”, que resulte útil a las políticas públicas; y, sobre todo, a las estrategias y acciones, tanto en prevención y control, con una flexibilidad adicional que necesita integrar, a nivel nacional y el sub nacional: Las fuentes formales de información[3] pero también – y de igual importancia, las fuentes informales (información de vecinxs, centros de salud mental, CEM, JJVV y otras); y, debiendo finalmente, ser analizadas por equipos multidisciplinarios.
La lectura sobre los últimos diez años del fenómeno peruano de seguridad ciudadana, además de lo señalado sobre homicidios, puede describirse con la reducción de la “victimización general”; una alta y persistente “sensación de temor al delito” (apenas, 2 de cada 10 peruanos/as se sienten seguros en el país); y, un progresivo y nada silencioso, “incremento de las violencias”, de las “armas de fuego”, del “feminicidio”, las “agresiones sexuales” (principalmente a menores de edad); y, finalmente, un alto ingreso a prisión asociado al “robo agravado”, el “problema de drogas”, y las “agresiones sexuales”. El resumen de los diez últimos años y sus expresiones deberían constituir parte del núcleo duro de una “agenda corta” (2021-II) en seguridad ciudadana.
Claro, el desacuerdo no son en los espacios comunes si no, ¿De qué manera afrontamos estas manifestaciones del fenómeno peruano de seguridad ciudadana?,
¿Abrazo de Gol?
El estadio Estado ha respondido, diseñando, principalmente, herramientas de gestión, “goles” que han ido mejorando en términos de inclusión (Políticas Nacionales y Multisectoriales), justificación empírica (marcos teóricos y buenas prácticas), presupuesto (PPR) y la planificación de las acciones (metas físicas) y del gasto (metas financieras). No obstante, poca relación ha tenido ese Perú formal con el aumento o descenso del problema identificado y vivido en calle.
Podríamos decir, que los diseños de planificación elaborados desde el 2003 al 2018, que coincide con un periodo de descenso de “victimización general”, y que han priorizado enfoques de gestión, coordinación, control y persecución, observatorios que se convirtieron en centros de video vigilancia, diversas maneras de entender y desarrollar la prevención y programas específicos e inter sectoriales, resultan ahora insuficientes para contener el incremento de la violencia y la persistencia del temor. Después de 15 años de diseños similares, se aprueba en sesión del CONSEC (Noviembre, 2018) y 8 meses después mediante Decreto Supremo[4], un plan que gira hacia la priorización, justamente, de las expresiones /manifestaciones nacionales del problema, buscando priorizar y trabajar de manera diferenciada a partir de las expresiones y el análisis en territorios sub nacionales.
Lamentablemente, este plan no se ejecuta porque la voluntad política y el marco actual[5], demoran y obstaculiza que los sub niveles de gobierno puedan diseñar e implementar en base a las manifestaciones de sus problemas regionales y/o locales y, por lo tanto, se encuentran obligados a repetir la priorización de los problemas nacionales establecidos en el PNSC 19-23, en lo que sería la mayor manifestación centralista en seguridad ciudadana en los últimos diez años.
Mercados no regulados.
En la actualidad el Perú tiene una normativa, mercado, sociedad y características que facilitan y/o dificultan el “tráfico ilegal de terrenos/propiedades” y “la violencia en el rubro de la construcción”. Los victimarios e infractores involucrados no lo hacen de manera exclusiva y su comportamiento (intra y extra laboral) contribuye con la presencia, uso y distribución de armas de fuego en los territorios y la inclusión de nuevos empleados, principalmente, adolescentes sin vínculos familiares. En lo emergente, la afectación en la industria de la construcción y la habilitación urbana, por la pandemia del COVID 19, también genera la reconversión de sus diversos trabajadores ilegales.
En el delito de tráfico de tierras y la violencia en construcción civil – como en los demás que describimos en esta puerta 2- no impacta de manera exclusiva. No son solamente lxs propietarixs, el Estado principalmente, en el delito de tráfico de tierras; ni “los sin techo”, que después de su esfuerzo y lucha de ocupación terminan sirviendo y entregando sus pequeños lotes a un comprador mayor; ni lxs trabajadorxs de la obra de construcción; el financista; ni la señora que vende comida, quien también es extorsionada. Los efectos del problema no se limitan a un “corp bussines” específico. No pues, no funciona así.
No muy lejos, el histórico riesgo y la vulneración de los derechos que tienen las trabajadoras sexuales, por no contar con un mercado regulado, desemboca en una mayor exposición y control por quienes administran la demanda de servicios sexuales. Pero se prefiere mantener en silencio, caleta, en la sombrita de la calle, detrás de la construcción y en el hostal sin protección formal que, justamente por su invisibilidad, concentran condiciones que favorecen la escalada y comisión de mayores violencias y delitos.
La misma suerte tiene lxs usuarixs de drogas ilegales. Contado por un ejemplo sencillo. Las mujeres, principalmente, encargadas de cuidar y elaborar medicina para sus enfermos/as, deben financiar al micro tráfico que se ubica en un barrio, en una plaza, que va en moto y se desarrolla en la ciudad, con un personal (tercerizado y armado) que cuida del negocio. No se puede esperar que la formalizada disposición del producto sea proporcional a quienes pueden adquirirlas y costearlas, menos aún, cuando se trata de una medicina que puede hacerse artesanalmente si se cuenta con la “cepa indica” adecuada, que además es exponencialmente distinta a la que mayormente se demanda, que se centra en el desinformado consumo psicoactivo que no es, en términos de seguridad, principalmente problemático. [6]
En la misma línea, temática. La cocaína que consume el planeta se produce principalmente en un pequeño conglomerado sudamericano del que somos parte y tanto la demanda interna como la externa se encuentran reguladas por agentes que no son los Estados. La interpretación flexible al marco normativo global y el consecuente avance en la investigación sobre drogas progresa en el hemisferio norte, junto con la diversidad de drogas sintéticas y el número de sus consumidores cada vez más protegidos en sus derechos, en una realidad que carga bastantes menos impactos del problema de las drogas. De manera diferente vive el hemisferio sur, en donde resuelven sus diferencias quienes compiten en el mercado, en donde debe extraerse y producirse el producto, dejando armas, heridos, muertos y adictos; que se ve fortalecido cuanto más se quiera ocultar; y, sobre todo, criminalizar. “Aumentando el costo aumenta la mordida, ¿o no?”
A este grupo de problemas– que son delitos que tienen como efecto ser la causa y elevar las probabilidades de otro delito- pueden sumarse “la trata de personas” y el “tráfico de inmigrantes, minerales, animales y madera”, porque hace rato que lo importante son las “rutas”, cualquiera sea, con tal que sirva para “ir y volver”, “llevar y traer”. Todas asociadas a un mercado desregulado y un Estado ausente.
Facilitadores de violencias y delitos.
América latina es el subcontinente con la mayor presencia de armas de fuego personal (revólveres y pistolas)[7], adecuando algunas para mejorar su potencia de fuego. Son las que se usan en los robos, en la modalidad de marcaje, reglaje, en los asaltos a comercios y a entidades financieras; y, el principal medio empleado en los homicidios[8]. La especialización en la carrera delictual peruana, que transita del “pájaro frutero” al “extorsionador”[9], influenciada y caracterizada por los colores y contexto desregulado del crecimiento de las nuevas ciudades limeñas[10] – y no solo limeñas- y de sus conglomerados (Lima Norte), decanta y se disfraza de la idea de progreso para emprender del “ladrón solitario” a la empresa de la “banda criminal”; cada vez mejor equipada y con ilegales mercados de reposición de armas.
La regulación de armas en el Perú parece equivocadamente sellada en piedra. Una locura la licencia de portabilidad y, más aún, esperar que una persona cruce lima y llegar a San Isidro (SUCAMEC), para entregar un arma y, probablemente, información que puede resultar sensible.
El consumo problemático de alcohol y otras drogas, es otro facilitador cuando se encuentra asociado a un delito para poder consumir; a una conducta delictiva o violenta por los efectos de la sustancia; y/o como recompensa de una acción, al ser parte de la organicidad que permite y viabiliza el tráfico y el poli consumo, que funciona con características y comportamientos sociales de identificación social. Esta es una fracción pequeña pero que representa un consumo intensivo y con efectos socialmente relevantes, en relación al fenómeno de la seguridad ciudadana, que se agudiza con la respuesta punitiva de la privación de libertad, que siempre termina; y, a la que le sigue indefectiblemente, el retorno al barrio pero con el aprendizaje criminal penitenciario.
Gestión descentralizada de la seguridad ciudadana.
Un elemento clave es el fortalecimiento de la gestión territorial, que en casos particulares, son bisagras de los problemas consecuencia de mercados no regulados, que exigen un trabajo focalizado y diferenciado por territorios.
En los subniveles de gobierno encontramos debilidades comunes en la baja asignación, ejecución y calidad gasto en el rubro de seguridad ciudadana (P030), repitiendo costosas inversiones (FESC) en centros de video vigilancia que se amarran a contratos de mantenimiento; que reduce y condiciona el trabajo periodístico, y que no impacta significativamente, porque la evidencia es clara respecto del limitado efecto que tiene la video vigilancia en reducción del delito y violencias.[11]
El recurrente énfasis institucional.
Responder al problema de seguridad ciudadana desde la reforma de la PNP es reafirmar el error de darle el protagónico a la institución que responde a las manifestaciones de los fracasos de las políticas públicas que debieron garantizar: crecer sin violencia, crecer en un hogar sin consumo problemático de drogas, reducir las influencias trasgresoras, sin presencia de armas de fuego, sin soluciones violentas de los conflictos, sin patrones culturales discriminatorios, sin problemas de manejo de frustraciones y micro machismos, y así podríamos continuar con ámbitos y responsabilidades sectoriales específicas que aumentan las probabilidades de conductas violentas y/o delictivas que luego debe atender la Policía. Para entendernos: ¿Quiénes están dejando el caño abierto y no atiende las causas de la progresiva inundación de violencias y delitos?
A modo de colofón: un listado de preguntas
La realidad peruana nos coloca no solo ante un desafío electoral. Es importante detenernos, mirar y sincerarnos ¿Queremos atender “síntomas” o “poner vacunas” que reduzcan las probabilidades de violencias y delitos?
¿Continuamos en los esfuerzos por dimensionar la cifra de una tendencia homicida ascendente o miramos, ahora mismo y de manera diferenciada, la delincuencia común y el asesinato por encargo que son las causas del 60% de las muertes intencionadas? ¿Seguimos dejando al INEI que concentre y sirva de repositorio de la información de los demás sectores o damos un paso responsable en la gestión integral, desagregada y oportuna en seguridad ciudadana?
En el manicomio, la generación de instrumentos ya sea, mediante la actualización de Políticas Nacionales y/o Multisectoriales; la presentación de lo que ya existe; y, la implementación de marcos normativos, terminan generalmente transformándose en “falsos positivos”. Imaginarios de “un gol” o “un buen juego de cartas”, terminan aguantando informes técnicos y productos terminados, fruto de metodologías inclusivas, con la participación de lxs usuarios, de la academia y con técnicos de diferentes ministerios y países. Es muy triste ver como se enfrían procesos terminados (políticas y diseños de implementación) y acciones o productos (videos en quechua o con lenguaje de señas) que no salen porque cambia el criterio de oportunidad política, la necesidad del mantenimiento o la rabieta del momento.
Pensando en el Piruanos carajo, de la “Casa Verde”, me pregunto, ¿la camiseta de que equipo tiene puesta quienes dejan primar sus egos y complejos aprovechando la oportunidad de la gestión pública? ¿Priorizamos la implementación – que incluye hitos de evaluación y con ellos una reformulación de diseños- o seguimos jugando a meter “goles” de honor con estrategias de márquetin para la presentación?
Un criterio realmente significativo a considerar en la pregunta que debemos (re) elaborar, es : ¿incluimos la existencia de un mercado ausente de regulación o lo seguimos ocultando y repitiendo un marco (internacional y nacional)?, ¿Persistimos en un “check list” de una serie de procesos que no impacta efectivamente en el fenómeno?. ¿Priorizamos la respuesta punitiva o atendemos mercados no regulados y la ausencia del Estado?
Por otro lado, es justamente la burocracia de la justicia penal la que requiere la organización criminal para hacer funcionar su “Dirección de coimas” y “operaciones estructuradas”, siempre considerada en su libro de “gastos (fijos)”. ¿Continuamos con las mismas estrategias que favorecen la corrupción y el comercio ilegal sobre temas sensibles como es el “comercio sexual” y el “consumo de drogas” o giramos hacia estrategias basadas en evidencia con impacto en los síntomas del fenómeno de seguridad?
La agenda moral o el dogmatismo que acompaña las “actuales carpetas electorales” pueden – directa e indirectamente- reducir o favorecer las probabilidades de violencias y delitos, que se ven beneficiadas por la desregulación y la ausencia del estado; y que, recurrentemente, deja a la política punitiva y al sistema de control a que se haga cargo. Además, y no es nada menor, la privación de libertades y el retroceso en los derechos civiles, definitivamente aumentaría la probabilidad de violencias y delitos interpersonales.
Las nuevas estrategias, basadas en evidencia, para atender los problemas territoriales de drogas resulta cada vez más adecuadas e interpretadas al interior del consenso de Viena (Acuerdo Global Política de Drogas)[12] pero nuevamente, falta la toma de decisión que atienda lo que se requiere que, no es lo que necesariamente pide la gente ni se instala en la opinión pública nacional. ¿Hacemos caso a la gente o racionalizamos la atención del problema?
La puerta 2, describe una serie de elementos que pretende servir para poner atención en la reformulación de preguntas; y sobre todo, instalar el foco en las causas del fenómeno peruano de inseguridad. En simple y breve: “Mira causa(s) cierra los caños”.
Lima, 27 de abril del 2021
[1] INEI (2020) “Homicidios en el Perú (2011 – 2018), contándolos uno a uno”. Informe Nro. 7 Estadísticas en Seguridad Ciudadana. En: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1731/libro.pdf
[2] Ibid Op cit
[3] Pirámide inversa de la información: Conducta violenta, conducta violenta tipificada, conducta violenta tipificada que se denuncia, denuncia violencia tipificada investigada por la PNP y luego por el Ministerio Público, denuncia tipificada investigada por el Ministerio Pública que se convierte en acción penal, Acción Penal que se convierte en proceso penal; proceso penal con sentencia definitiva; y, sentencia que se ejecuta.
[4] Decreto Supremo Nro. 013-2019-IN, aprueba el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (2019-2023)
[5] Directiva Nro. 9, 10 y 11 para el diseño, formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes de acción en seguridad ciudadana para gobiernos locales y regionales. RM Nro. 2056-2019-IN, 20 de diciembre del 2019.
[6] Sin funcionar de manera causal ni determinista, es decir, sumada a otros factores debe interpretarse que, el uso del crack de cocaína podría aumentar hasta 6 veces la posibilidad de delinquir; la heroína, lo hace 3,5 veces; la cocaína aumenta las probabilidades a 3,5 veces; y, la Marihuana apenas 1,5 veces (Bennett, Holloway y Farrignton, 2008).
[7] ONUDC (2020) Estudio mundial sobre el tráfico de armas de fuego
[8] INEI (2020), Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno
[9] Nureña, M. (2018) Esa bala lleva tu nombre.
[10] Huaytalla, A. (2017) Cuando los cerros bajan
[11] European fórum for urban security (2010), Ciudadanos, ciudades y video vigilancia. Foro Europeo para la seguridad ciudadana; y, López, N. (2015) El impacto del sistema de vídeo vigilancia en los niveles de crimen violento en la zona 1 de Lima Cercado 2011- 2014, PUCP, Lima, Perú.
[12] International Drug Policy Consortium, en: https://idpc.net/es
